Los MIR desestiman a Pinto y Ciempozuelos: ambos hospitales quedan sin seleccionados en sus plazas de salud.

Los retos que enfrentan los centros de salud en Pinto y Ciempozuelos son bien conocidos entre los aspirantes al examen MIR (Médico Interno Residente). De los 149 residentes en Medicina Familiar y Comunitaria que finalizaron su formación el pasado julio, 85 optaron por los contratos disponibles a través de la Gerencia de Atención Primaria. Dentro de este grupo, 15 han decidido aceptar puestos en centros de salud fijos en grupo.

Existen cinco ambulatorios destinados a recibir a estos nuevos médicos. Cuatro de ellos, al igual que los de Pinto y Ciempozuelos, se consideran de difícil cobertura: Los Rosales (4 nuevos doctores), La Paz (4), Panaderas (3) y Parque Oeste (2). El quinto ambulatorio que se beneficia de esta decisión es Presentación Sabio, que contará con dos médicos adicionales.

Desde el año anterior, la Comunidad de Madrid ha comenzado a ofrecer un incentivo de 500 euros mensuales a los médicos y pediatras que trabajen en estos centros. A partir de 2026, se ampliarán las unidades elegibles para el complemento de continuidad asistencial, lo cual beneficiará a más de 1,200 enfermeras en hospitales, además de personal auxiliar y celadores.

A pesar de estas medidas, la situación sigue siendo crítica. En Pinto, el Gobierno ha decidido proporcionar seis viviendas municipales a los nuevos profesionales que se muden al área. La administración afirma que varios médicos ya se han mostrado interesados en esta iniciativa, que se implementará mediante contratos de uso temporal, donde se especificará el periodo de alquiler y la obligación de devolver las propiedades al finalizar el plazo.

En Ciempozuelos, la comunidad sigue presionando al Gobierno de la Comunidad de Madrid. El 24 de junio, los vecinos y miembros del consejo municipal, a excluido del PP y Vox, se manifestaron en la Puerta del Sol para exigir un “centro de salud adecuado”. Durante la protesta, se presentaron más de 700 quejas de ciudadanos para resaltar un problema que conlleva una espera de más de 90 días y citas cerradas hasta septiembre. Por ello, el Gobierno ha advertido que podría considerar acciones legales si la situación no mejora.